鈥淓s notorio que el Ministerio de Seguridad ha asumido, en la actual gesti贸n, un rol activo en la defensa irrestricta de los funcionarios de las fuerzas de seguridad involucrados en episodios bajo investigaci贸n judicial. Y lo ha hecho no con la mesura, la distancia y el respeto por el Poder Judicial de la Naci贸n y la divisi贸n de poderes que exige la Rep煤blica, sino con intervenciones que no toman en cuenta el tr谩mite de las causas judiciales, sus tiempos ni las decisiones de los magistrados", sentenci贸 la C谩mara Federal de General Roca en un fallo que demoli贸 el relato oficial sobre el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel.

En consecuencia, los camaristas ordenaron el procesamiento con prisi贸n preventiva del principal acusado, Francisco Javier Pintos, quien dispar贸 contra Nahuel y otros de sus compa帽eros en una incursi贸n del grupo Albatros en el territorio recuperado de Villa Mascardi dos d铆as despu茅s de la represi贸n que los expuls贸, el 23 de noviembre de 2017.

Los jueces Mariano Lozano, Richard Gallego y Ricardo Barreiro cuestionaron a Bullrich porque "antes de que las pesquisas avancen lo suficiente como para echar m铆nima luz sobre los sucesos, se publicaron declaraciones del m谩s alto nivel cuestionando a la judicatura, o las medidas probatorias dispuestas o, lisa y llanamente, sentenciando -medi谩ticamente- que el o los funcionarios implicados no han cometido delito y que son inocentes".

聽Adem谩s, seg煤n la resoluci贸n a la que accedi贸 P谩gina12, criticaron "la discutible concepci贸n de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran con frecuencia cada vez mayor鈥.

La cita alude a los dichos de la ministra, quien hab铆a afirmado que "nosotros no tenemos que probar lo que hacen las fuerzas de seguridad en el marco de una tarea emanada de una orden judicial. Le damos a la versi贸n de la Prefectura car谩cter de verdad". A las pocas horas del asesinato de 鈥淩afita鈥, Bullrich no se priv贸 de emitir semejante respaldo pol铆tico a pesar de que los investigadores hab铆an determinado que no hab铆a habido disparos de armas de fuego del lado mapuche.

Tras destacar que hubo ataques y presiones a los jueces por parte de la defensa de los prefectos, el camarista Barreiro expres贸 que "no es 茅sta una causa m谩s de las que engrosan la agenda de los tribunales y lo que hace que eclosione un resultado tan ominoso para el estado de derecho como cruel y doloroso para la familia del fallecido, es la discutible concepci贸n de la seguridad nacional que alienta episodios que se reiteran en el tiempo con frecuencia cada vez mayor, en espiral de violencia estatal que no puede ser obviada en esta sentencia, cadena fat铆dica en la que la muerte evitable de Nahuel Salvo es un eslab贸n m谩s, acaso no el 煤ltimo".

El juez agreg贸 que "es claro que el poder estatal para la violencia es infinitamente mayor que el de los particulares, de manera que representa un verdadero abuso de esa capacidad de respuesta desenfundar las armas cuando no se est谩 ante la irremediable imposibilidad de apelar a los m茅todos no letales鈥.

El camarista Barreiro, a su turno, determin贸 que tampoco hubo usurpaci贸n de territorio alguno por parte de la comunidad mapuche porque se trata de tierras p煤blicas, y cuestion贸 que el juez Villanueva hubiera acusado a Jones Huala y a Gonz谩lez por "un delito que nunca se cometi贸". A su criterio, haberlos imputado no aportaba nada jur铆dicamente al esclarecimiento de la muerte de Nahuel pero destac贸 que tal acusaci贸n no fue neutral en el caso sino que "su efecto directo fue agregar disvalor a lo obrado por los integrantes de la comunidad mapuche con lo que, de modo indirecto pero groseramente visible, se acrecent贸 el valor justificante del mayor poder represivo empleado. Veo en ello un aporte indisimulado a la creaci贸n del enemigo interno".

聽El juez pidi贸 que sean sobrese铆dos pero sus colegas no acompa帽aron la iniciativa. "Las cosas no acaecieron como dijo Pintos, en su versi贸n dijo que fueron atacados por encapuchados con piedras y palos y tambi茅n con dos armas de pu帽o y que en ese lugar, acorralados, dispararon primeramente sus armas no letales y luego las de fuego reglamentarias hasta que, tras arrojar una bomba de estruendo lograron escapar hacia abajo", repas贸 Barreiro. Pero "nada de eso se respalda con los datos que arroj贸 el reconocimiento del lugar", en donde desde la primera se帽al de estas acciones 鈥攍os restos de cartuchos no letales鈥 hasta la 煤ltima, los miembros de la Prefectura habr铆an avanzado, hacia arriba en la ladera, bastante m谩s de 300 metros, detect谩ndose en ese examen in situ la existencia de diez lugares en donde se ubicaron restos de la acci贸n con armas.

"驴Minti贸 Pintos? Creo que la respuesta afirmativa es irrebatible", dijo el juez.聽Barreiro destac贸 que el gobierno defendi贸 el accionar de las fuerzas de seguridad en "innumerables episodios, sin aguardar el menor pronunciamiento judicial, o bien se respald贸 el uso de la 鈥榤ano dura鈥 con invocaciones a las medidas contra el narcotr谩fico o el terrorismo apuntalando la construcci贸n del enemigo interno. Para este camarista de General Roca, "el Poder Ejecutivo ignora deliberadamente y sin rubor institucional la prohibici贸n del art铆culo 109 de la Constituci贸n Nacional. Si luego ese anticipo, elaborado en la sede ministerial, se transforma en la columna vertebral del discurso del 煤nico imputado que se aviene a declarar, el asunto cobra mayor gravedad porque revela un franco prop贸sito de condicionar el curso de la pesquisa delineando, de antemano, la versi贸n de los protagonistas".

Tampoco fue "afortunado" 鈥搒eg煤n el fallo- encargar los peritajes a Gendarmer铆a, cuyo resultado indic贸 que la bala no sali贸 de un subfusil MP5. "La pericia bal铆stica efectuada por Gendarmer铆a Nacional carece de todo valor de convicci贸n al haber sido elaborada por los subordinados de quien, antes de esa labor pericial -e incluso previo a ser ordenada esa nueva experticia- ya se hab铆a manifestado en favor de la inocencia de sus subalternos involucrados en los hechos. La parcialidad es, sin el menor margen para la duda, imp煤dicamente visible".